16/08/2007 GRANADAHOY.COM
HUELVA. El letrado Diego Luis Fernández, letrado de la acusación particular ejercida por los vecinos gitanos de Cortegana afectados por los ataques "racistas" del pasado 16 de enero de 2005 en la localidad onubense, mostró su desacuerdo con la petición realizada por la Fiscalía de Huelva de un año y nueve meses para los doce imputados por los hechos, entre ellos el alcalde de Cortegana. Las agresiones tuvieron lugar en el transcurso de una manifestación tras el asesinato de Mateo Vázquez.
Diego Luis Fernández criticó que la Fiscalía "sólo" incluye en su escrito los delitos de desórdenes públicos y de daños, cuando hay otras calificaciones que no se recogen, como el delito de insubordinación a la autoridad.
El letrado consideró que la Fiscalía "podría haber actuado de una manera más activa" durante la instrucción, y señaló que el delito "fundamental" del alcalde de Cortegana fue "que no adoptó las medidas necesarias para evitar lo que desgraciadamente ocurrió".
Huelva 15-08-2007Tribunales.- La acusación particular difiere de la petición del fiscal por los sucesos racistas de Las Eritas
El letrado Diego Luis Fernández, encargado de la defensa de los vecinos gitanos de Cortegana (Huelva) afectados por los ataques
'racistas' del pasado día 16 de enero de 2005 en el transcurso de una manifestación tras el asesinato de Mateo Vázquez, mostró hoy su desacuerdo con la petición realizada por la Fiscalía de Huelva de un año y nueve meses para los doce imputados por los hechos, entre ellos el alcalde de Cortegana.
En declaraciones a Europa Press, Diego Luis Fernández criticó que la Fiscalía 'sólo' incluye en su escrito los delitos de desórdenes públicos y de daños, cuando, según dijo, hay otras calificaciones 'fundamentales' que no se recogen, como el delito de insubordinación a la autoridad.
Así, consideró que la Fiscalía 'podría haber actuado de una manera más activa' durante la instrucción del caso, al mismo tiempo que subrayó que en Cortegana 'se cometieron delitos muy graves que deberían haber sido valorados, como los insultos y amenazas a los agentes de la Guardia Civil' desplazados a la zona.
En este sentido, señaló que el delito 'fundamental' que cometió el alcalde de Cortegana fue 'que no adoptó las medidas necesarias para evitar lo que desgraciadamente ocurrió', y recordó que las penas que solicita la acusación particular para los doce imputados gira entre los dos y los diez años.
Hay que recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aracena imputó inicialmente a 16 personas, entre ellas, el alcalde de Cortegana, Antonio Marín (IU), por los sucesos derivados de la manifestación celebrada el 16 de enero de 2005 contra la comunidad gitana del barrio Las Eritas de la localidad.
LOS HECHOS
El Juzgado de Aracena imputó inicialmente al alcalde de Cortegana un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, tipificado por el artículo 514.1 del Código Penal, que 'incluye a los promotores de manifestaciones ilícitas celebradas con el fin de cometer algún delito o que concurran personas con armas y a los que convocan manifestaciones previamente suspendidas o prohibidas que pretendan subvenir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública'.
El auto se refería a la manifestación celebrada en Cortegana el 16 de enero de 2005, 'convocada durante los días previos por el alcalde y difundida por otros ciudadanos', en protesta por el crimen cometido en la misma localidad el 1 de enero anterior y en el que resultó muerto el vecino del pueblo Mateo Vázquez.
En este sentido, añadía que el itinerario de la manifestación siguió inicialmente el trayecto previsto, con final en la Plaza de la Esperanza, 'aunque posteriormente continuó la marcha hasta llegar a la barriada de Las Eritas, en la que vive una mayoría de vecinos de etnia gitana' y que, con anterioridad a la llegada a dicho barrio, en el puesto de la Guardia Civil 'constan indicios de que varios integrantes de la manifestación profirieron gritos y proclamas que, además de expresar su indignación por el crimen, se dirigían específicamente al colectivo gitano'.
LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA.
La Fiscalía de Huelva pide un año y nueve meses de prisión para el alcalde de Cortegana, Antonio Marín, por los incidentes contra la comunidad gitana registrados en la localidad serrana el 13 de enero de 2005.
De esta forma, en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía, que pide la apertura del juicio oral ante el Juzgado de lo Penal que corresponda, también se pide la misma condena para otros once participantes en la manifestación.
Igualmente, la Fiscalía pide, por el delito de daños, la pena de multa de 18 meses, a razón de seis euros por cada cuota diaria y con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas; si bien, de dichas cantidades --que reparte proporcionalmente a los daños ocasionados entre los acusados, a excepción del alcalde-- responsabiliza, de forma subsidiaria, al Ayuntamiento de Cortegana.
La Fiscalía considera como hechos probados que el alcalde de Cortegana, tras la muerte de Mateo Vázquez y el requerimiento de vecinos, convocó la protesta que discurriría entre la plaza de la Constitución y la de la Esperanza de la localidad, pero, 'lejos de parar aquí, continuaron hasta llegar a la calle Encina, sita en la barriada de Las Eritas donde residen la mayor parte de los gitanos, mientras el alcalde no hizo nada por parar la protesta en la Plaza de la Esperanza, como estaba previsto'.
El escrito continua relatando que 'los manifestantes, actuando al unísono, comenzaron a dar gritos en contra del colectivo de los gitanos, profiriendo expresiones tales como 'os vamos a matar', 'iros del pueblo' y otras parecidas en clara oposición a dicho colectivo en atención a su etnia; al tiempo que lanzaron piedras y otros objetos contra las viviendas, los coches y otros efectos de los vecinos gitanos, teniendo que ser parados y apartados del lugar por agentes de la Guardia Civil y causando numerosos desperfectos', por los que se les impone la multa.
Con estos argumentos, el Ministerio Fiscal pide que se adopten las medidas cautelares oportunas para garantizar las responsabilidades pecuniarias y, así, comprobar la situación económica de los acusados; al tiempo que da traslado de las actuaciones al Ayuntamiento de Cortegana como responsable civil subsidiario para que no sufra indefensión.
Además, para el acto de vista oral, pide al Juzgado de lo Penal que remita las pruebas gráficas de los hechos y propone como pruebas un examen y la hoja histórico-penal de los acusados, las facturas y presupuestos de los daños pendientes de valorar y las pruebas gráficas, entre otras.
| Terra Actualidad - Europa Press |
